protestas sociales:
En los últimos años en todo el mundo, miles de personas han salido a las calles a exigir de sus gobiernos educación, salud, trabajo, vivienda y principalmente participación en las decisiones que les afectan.
en américa del Sur, la ciudadanía también está reclamando a sus gobiernos el cumplimiento de las promesas electorales. Eso es una llamada de atención a los gobiernos. Ya no basta con ganar elecciones, la ciudadanía demanda un permanente diálogo con sus autoridades.
Masas de hombres y mujeres levantan su voz y exigen participar activamente en los asuntos públicos. Exigen una vida digna, libre de temores y necesidades. Y al no obtener respuesta satisfactoria a sus reclamos, se vuelcan a las calles.La protesta social ha sido uno de los motores de los mayores cambios políticos y sociales.
Ha promovido la caída de dictaduras y permitido el voto universal, el fin de la esclavitud, el respeto por la diversidad sexual, el fin del apartheid y la reparación a víctimas, entre otros logros.
En la región, algunos gobiernos ven estas manifestaciones de reivindicaciones legítimas de la ciudadanía como amenazas a su autoridad, y se han enfocado entonces en contener y disuadir las protestas. Insisten en reportar actos de violencia –a menudo, aislados e inconexos- que han surgido en algunas protestas para justificar discursos populistas y políticas de “mano dura”. Las respuestas de contención de las protestas han sido muchas veces desproporcionadas e innecesarias ante la supuesta amenaza al orden público o a la propiedad privada, recurriendo en ocasiones al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza y a detenciones arbitrarias.
Más alarmante aún es leer sobre muertes y heridos en el marco de protestas, como si fueran esperables o inherentes a ellas. Inquieta, también, que se aprueben medidas legislativas que amplían la definición de delitos de desorden público -o que incluso los equipara a actos de terrorismo- y otras iniciativas que extienden el margen de actuación de las fuerzas policiales, además de las que permiten la detención de manifestantes por el solo hecho de cubrir sus rostros.
Preocupa también, la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y contención de protestas.
Estas iniciativas, más que propiciar condiciones para el ejercicio legítimo de la protesta, generan impunidad frente a excesos cometidos por las fuerzas públicas.
Si bien es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de todos, este no puede desconocer la obligación de proteger los derechos de las personas que ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente.
Por su parte, los organizadores de una manifestación tienen también un papel importante de auto-vigilancia. Así como los medios de comunicación tienen la labor fundamental de informar de manera responsable, veraz y oportuna sobre el desarrollo de las manifestaciones y principalmente sobre la legitimidad de los reclamos.
Cuando el derecho a la protesta pacífica es protegido y ejercido de forma adecuada, es una herramienta poderosa para promover el diálogo, el pluralismo, la tolerancia y la participación cívica. Los seres humanos necesitan reunirse y expresarse, trabajar juntos por el bien común, hacer a sus líderes responsables y pedirles rendición de cuentas.
Estos derechos como tales no fomentan la violencia.
Por el contrario, nos resguardan de ella.
La experiencia ha demostrado que las peores tormentas políticas ocurren cuando los gobiernos intentan reprimir estos derechos; ya que la represión promueve la frustración y alimenta la violencia.
En una región con altísimos niveles de desigualdad y un pasado no tan lejano de abusos graves y sistemáticos de derechos humanos, es imperioso para las autoridades nacionales privilegiar el diálogo.
Ignorar las reivindicaciones ya no es una opción. Es hora de escucharlas, tenerlas en cuenta y avanzar hacia la sociedad de derechos que se ha prometido construir.
Los tecnócratas afirman que los avances en la mecanización han causado un desplazamiento masivo de empleo hacia el sector de los servicios. Mayor incremento en la eficiencia y la productividad quiere decir que la mayoría de las tareas desempeñadas por empleados humanos pueden ser eliminadas o reducidas a través de una mejor gestión, automatización, y centralización. Estas tendencias deben señalar un incremento tanto en las posibilidades de producción y de tiempo para el ocio puesto que se produce más con menos mano de obra. Dentro del sistema de mercado, sin embargo, un aumento en la productividad según estas teoría conduce a reducción del personal porque las compañías necesitarían menos trabajadores y estos recibirían salarios más bajos debido a la competencia. Como consecuencia, el estándar de vida de muchos declina. Los tecnócratas por lo tanto argumentan que el sistema de mercado se enfrenta a una paradoja fundamental: A pesar de que hay máquinas disponibles para remplazar mano de obra humana, estas no hacen nuestra vida más fácil, por el contrario la hacen más difícil. Aunque cada vez sea posible producir más debido a la tecnología, las disparidades en riqueza son mayores y el beneficio potencial de la tecnología es menos compartido. La causa fundamental del problema, según el movimiento tecnocrático, es que dependemos mucho de un sistema basado en el dinero para tomar las decisiones económicas.
Contrario a los economistas, quienes definen eficiencia en términos de una máxima asignación de recursos limitados con el fin de proporcionar mayor utilidad a sus dueños, los tecnócratas definen eficiencia en términos de evidencia empírica. Eficiencia, para los tecnócratas se mide científicamente: la tasa de energía aplicada al trabajo útil sobre la energía aplicada al sistema completo. Los tecnócratas argumentan que existe un abismo entre el mundo real de la ciencia y el mundo de la economía. Ellos afirman que las entradas necesarias para hacer la mayoría de los productos se encuentran en abundancia, especialmente aquellas que son críticas para la sociedad como alimentación, refugio, transporte, información, etc. Los tecnócratas afirman que la mayoría de los problemas sociales, como pobreza y hambre se deben a una economía defectuosa y al uso inapropiado de la tecnología. Ellos frecuentemente señalan que el actual sistema de precios es un despilfarro porque utiliza tantos recursos como sean posibles para crear un número escaso de productos (productos privados rivales y excluibles). Los tecnócratas argumentan que el uso de la tecnología y los recursos debe ser capaz de producir en abundancia. Los tecnócratas afirman que el sistema de precios conlleva a una severa falta de poder de compra, y se ha apoyado en tácticas derrochadoras, remiendos al sistema económico, y un enorme incremento en las cantidades de deuda, las cuales empezaron a aumentar exponencialmente después de 1930. Esta deuda incluye deudas soberanas, hipotecas, deudas a largo plazo, deuda de crédito, y el creciente mercado de valores. Los tecnócratas ven la creciente deuda como una amenaza a la estabilidad del capitalismo, y afirman que el sistema eventualmente colapsará, en cuyo caso, esperan, habrá educado un número suficiente de gente para hacer cambios a la estructura económica y crear un tecnato.
Reformas estructurales de nuestro sistema electoral
A lo largo de poco más de 30 años, el sistema normativo electoral federal mexicano ha tenido varias reformas, mismas que han obedecido a las transformaciones políticas de nuestro país. El documento que se presenta intenta responder a la pregunta: ¿Cuál ha sido la evolución de las reformas electorales en México durante los últimos años? De esta forma se abordan algunas de las principales características de las reformas que van de 1977 hasta la más reciente de 2007-2008.
La ocurrida en 1977 tuvo un carácter único y es considerada el punto de partida de nuestra vida democrática, con un sello esencialmente incluyente de las fuerzas políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. A partir de ese año, la democratización fue impulsada por los actores políticos como un proceso de cambio centrado en el sistema electoral.
En 1986, la reforma incluyó modificaciones a seis artículos de la Constitución, así como la promulgación de una nueva ley electoral: el Código Federal Electoral (CFE). Se abolió el registro condicionado de partidos, una medida de control de su surgimiento.
Fue hasta 1990 que se expidió una nueva ley electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Entre otras características notables de esta reforma está la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que remplazó a la Comisión Federal Electoral que dependía directamente del Secretario de Gobernación. Desde el año de 1990 y hasta 2012, el IFE ha organizado ocho procesos electorales federales ordinarios.
En los años de 1993 y 1994 hubo dos reformas que se consideraron intermedias y cuyos temas principales fueron el nuevo financiamiento para los partidos, las nuevas reglas para reportar sus egresos, los gastos anuales y de campaña. Para 1994 en el Consejo General, los consejeros magistrados se sustituyeron por seis consejeros ciudadanos propietarios y sus suplentes, que durarían ocho años en el cargo, con la posibilidad de ser ratificados; y su designación estaría a cargo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con las de 1977 y 2007-2008, una de las reformas que más han estimulado la transformación del orden jurídico y el marco legal electoral mexicano ya que terminó con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales.
En el 2003 y 2005 se realizaron reformas intermedias que consistieron en establecer con mayor claridad los requisitos para integrar un partido o Agrupación Política Nacional (APN) y fue con la reforma de 2005, que se reconoció el derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República.
Por último es necesario hacer mención de la reforma de 2007-2008, conocida como de tercera generación debido a la gran cantidad de cambios estructurales que trajo consigo, entre otros los relacionados a la reducción de tiempos de campañas, al financiamiento de partidos políticos, a la responsabilidad compartida entre partidos y candidatos, y a la utilización y contratación de espacios en medios de comunicación. Asimismo, en materia de fiscalización, se reforzó la actuación del IFE a través de la creación de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
En el siguiente cuadro se encuentran algunos de los principales aspectos de cada una de las reformas electorales:
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización político-militar, formada mayoritariamente por indígenas de los grupos tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y mam del Estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el primero de enero de 1994 a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán, Chalam, Simojovel y San Andrés Larráinzar.
La Declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del EZLN; en ella se invocaba el artículo 39 de la Constitución y se declaraba la guerra al Ejército federal, señalado como el "pilar básico de la dictadura [...] monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari". La Declaración exponía también las demandas del grupo que consistían en "trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz".
Los orígenes del EZLN se remontan a los primeros años de la década de 1980 cuando un pequeño grupo guerrillero —formado por mestizos e indígenas— se instaló en la zona montañosa de la Selva Lacandona con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con documentos internos de la organización, "el EZLN fue creado para conquistar por medio de la lucha armada la liberación nacional y nuestra segunda independencia, y no suspenderá la lucha hasta instaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista".
Este grupo tenía su origen en la lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los años sesenta y durante toda la década de los setenta. El grupo que actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años setenta, la cual terminó de manera abrupta cuando su estructura en la ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes, tanto en Chiapas como en la ciudad de México, fueron muertos.
A pesar de que ni en los documentos internos del grupo ni en la Primera Declaración de la Selva Lacandona hay referencias explícitas a la problemática indígena ni demandas concretas para las etnias del país, es innegable el carácter indígena de la organización. Su principal base social se encuentra en los municipios indígenas de la región de las Cañadas, de los Altos y la zona norte de Chiapas. Un número considerable de sus mandos son indígenas y, al menos desde 1993, el aparato militar está subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI).
Las investigaciones recientes sobre el EZLN (Jan de Vos, Maya Lorena Pérez Ruiz, Carlos Tello Díaz, etcétera) aportan datos que permiten pensar que a medida que el número de indígenas en la organización fue aumentando, la importancia de las demandas indias también fue incrementándose y que, tras el alzamiento del primero de enero y ante la inexistencia de otros frentes armados de las FLN en el país, las comunidades indígenas terminaron por imponer un programa propio vinculado con las reivindicaciones del movimiento indígena nacional más que con las luchas tradicionales de los grupos armados de izquierda (De Vos, 2002; Pérez Ruiz, 2000; Tello Díaz, 1995).
Desde el surgimiento público del EZLN ha habido quienes, desde distintos frentes, han buscado descalificar o minimizar el peso indígena de la organización. La existencia de un líder mestizo, el subcomandante Marcos, ha llevado a muchos a insistir en que la dirigencia del EZLN está formada por mestizos urbanos, e incluso extranjeros, que han manipulado a un grupo de indígenas aislados, ignorantes y sumamente pobres para llevar a cabo su propio programa.
Dichas tesis, además de ser despreciativas de los pueblos indígenas, pasan por alto el que mucho antes de la llegada a Chiapas de los fundadores del EZLN, las poblaciones indígenas de la Selva y de los Altos habían sido protagonistas de movimientos sociales y contaban con un alto grado de organización política. Al menos desde los años treinta diferentes sectores de la población indígena participaron en actividades políticas con el propósito de mejorar su condiciones de vida: primero en las organizaciones cardenistas que impulsaron el reparto agrario, en el movimiento de colonización de la selva de los años cincuenta, más tarde participando en los movimientos religiosos que surgieron en la zona (ya fueran católicos o protestantes) y en las organizaciones surgidas del Congreso Indígena de 1974.
El núcleo guerrillero que se instaló en la Selva se encontró con una sociedad indígena politizada y con experiencia en la movilización social que había buscado por distintas vías organizarse para resolver sus problemas. Por otra parte, pese al aislamiento geográfico de las poblaciones indígenas, los pobladores habían mantenido contacto permanente con distintas organizaciones políticas y sociales (las centrales campesinas priístas, los partidos políticos nacionales, la Iglesia Católica, las confesiones protestantes, asociaciones campesinas independientes, organizaciones de izquierda, etc.); esto muestra que los pobladores de la región tenían una visión de la política que puede ayudar a entender por qué algunas de estas comunidades optaron por la vía armada para defender sus intereses.
El peso de las demandas indígenas en el programa y discurso del EZLN fueron haciéndose más patentes a partir de la tregua decretada por el gobierno y secundada por los zapatistas, el 12 de enero. Con el establecimiento de las mesas de diálogo entre el gobierno federal y los zapatistas comenzó un proceso para llegar a una solución que condujera a la paz y al establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país. En este sentido se reforzó el carácter indígena del EZLN, pues en la negociación con el gobierno federal, los zapatistas actuaron como representantes del movimiento indígena nacional al incorporar los reclamos y propuestas contenidas en los programas de las diversas organizaciones del país.
Las negociaciones que se iniciaron durante el sexenio de Salinas de Gortari y continuaron durante los primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo, fueron interrumpidas por los zapatistas cuando el gobierno federal lanzó una propuesta de reformas constitucionales que no respetaba los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo de San Andrés Larráinzar. A la suspensión del diálogo determinada por los zapatistas, el gobierno de Ernesto Zedillo respondió con una nueva ofensiva militar que incluía la liberación de órdenes de aprehensión en contra de dirigentes del EZLN y el hostigamiento contra las comunidades indígenas zapatistas.
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 reconoce las causas del descontento y proceso de la transición política en el México actual. Mara Daniela Torres Arjón escuela secundaria justo sierra No 97 profesor: Rubén Jacobo Torres |
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